Durante 24 años permanecerán privados de su libertad, cuatro de los siete miembros de la Policía Fiscal implicados en diversos casos de cohecho pasivo, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir, luego de que la Fiscalía lograra que el juzgado dicte una sentencia ejemplar.
Fue tras una ardua y difícil tarea investigativa, que el despacho de la Fiscal Provincial Tania Greta Gallegos Calizaya logró desenmarañar cómo era que operaban los suboficiales: Luis Valdivia Chávez, Víctor Mezarine Diez, César Zegarra Chama y Lilia Núñez Córdova.
Ellos formaban parte del grupo operativo N° 1 de la Policía Fiscal (DEPOLFIS) junto a los suboficiales hoy prófugos de la justicia Jorge Morales Chiquimia, Marco Canazas Gutiérrez y Milton Salas Alarcón; a cargo del comandante y exjefe de la Policía Fiscal, Pablo Flores Granda, sobre quienes pesa mandato judicial de Prisión Preventiva y han sido declarados contumaces.
Al respecto de los cuatro sentenciados; la Fiscalía los acusó por la comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir, todos delitos previstos y sancionados en el Código Penal según los artículo 393, 376 y 317 respectivamente.
Durante el arduo juicio oral que comenzó en mayo de este año en sesiones ininterrumpidas; la Fiscalía consiguió acreditar que los suboficiales realizaban intervenciones ilegales en domicilios de comerciantes, donde procedían a incautar e inmovilizar bienes; solicitando dádivas a cambio de hacer de conocimiento de estas intervenciones a las autoridades competentes del Ministerio Público, Aduanas e Indecopi.
Así, quedó probado que para ello planificaban cada intervención ilegal y que cada uno de los integrantes del grupo operativo N°1 tenía un rol establecido; se comunicaban constantemente vía celular a fin de desarrollar el plan para lograr hacerse de dinero bajo presión y amenaza en contra de las víctimas, abusando de su cargo y en uso de sus funciones.
De este modo; el pasado 12 de setiembre del 2013 este grupo ingresó ilegalmente y con engaños al domicilio del comerciante Freddy León Mamani y su esposa Rosa Calloapaza, ubicado en el Distrito de Alto Selva Alegre; realizaron la intervención, le incautaron e inmovilizaron sus bienes y a cambio de “dejarlo trabajar” le solicitaron la suma de 35 mil soles.
El agraviado, al verse presionado y no contar con esa suma de dinero; decidió hacerse un préstamo en una entidad bancaria; en donde además el suboficial Mezarine Diez fungió de socio del agraviado a fin de conseguir el dinero pactado; sin saber que León Mamani previamente ya había denunciado el hecho ante la fiscalía de turno.
Fue así que tras un operativo coordinado con el Ministerio Público se realizan las labores de investigación correspondientes, lográndose la detención de los cuatro suboficiales que ahora son condenados tanto por esta acción como por otros delitos de la misma naturaleza y mismo accionar que también fueron denunciados y de cuyas víctimas el Ministerio Público ha protegido su identidad.
La jueza Álida Rodríguez Galindo; hoy dictó siete años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de cohecho pasivo propio e inhabilitación por el mismo espacio de tiempo, más 546 días multa contra los cuatro implicados en el caso; 2 años de pena privativa de libertad por el delito de abuso de autoridad e inhabilitación por el mismo tiempo, ante los hechos en agravio de Freddy León Mamani y el Estado.
Asimismo; el juzgado ordenó siete años más de pena privativa de la libertad contra los mismos acusados pero esta vez por un segundo caso denunciado y cuyos agraviados son protegidos por el Ministerio Público, por la comisión del delito de cohecho pasivo propio e inhabilitación por el mismo espacio de tiempo, más 546 días multa; 2 años de pena privativa de libertad por el delito de abuso de autoridad e inhabilitación por el mismo tiempo y 6 años de pena por el delito de asociación ilícita para delinquir.
En el momento de la sentencia, la jueza del caso ordenó aplicar la sumatoria de pena señalada en el artículo 50 del Código Penal, por lo que le corresponde a cada uno de los suboficiales una pena efectiva de 24 años de pena privativa de la libertad, por lo que se ordenó su internamiento en el Penal de Socabaya hasta el año 2037.
Conocida la sentencia judicial; el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Ramos Hurtado, destacó la labor de investigación penal realizada tanto por la fiscal Tania Greta Gallegos Calizaya y su despacho “Este es el resultado de una labor minuciosa y dedicada de la fiscal, cuya vida, incluso, ha estado en riesgo durante esta investigación, no obstante la misión se ha cumplido”, expresó el magistrado.
Finalmente, la fiscal del caso, Gallegos Calizaya, volvió a remarcar, como lo dijera durante sus alegatos finales en este caso, parafraseando al ex secretario de la naciones Unidas Kofi Annan que “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”, es por ello que es nuestro deber como autoridades y como representante del Ministerio Público hacerle la lucha frontal a la corrupción; por lo que saludó la decisión judicial.
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